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La Ley 31940, promulgada en Perú, tuvo un impacto significativo en la administración pública, particularmente en los procedimientos de modificación presupuestaria. Esta norma, que se aprobó a fines del 2023, limitó la facultad del Poder Ejecutivo para redistribuir recursos entre niveles de gobierno sin la autorización previa del Congreso, lo que cambió de forma notable la dinámica de ejecución presupuestal.

Uno de los efectos más notorios fue el retraso en la transferencia de partidas presupuestales a gobiernos regionales y locales, lo cual afectó la continuidad de proyectos de inversión pública. Muchas autoridades subnacionales manifestaron su preocupación por la paralización de obras debido a la falta de recursos oportunamente asignados. Además, los plazos administrativos se vieron prolongados, lo que perjudicó el avance de programas sociales, infraestructura y otros servicios básicos.

Por otro lado, la ley buscó reforzar el control político del Congreso sobre el manejo del erario nacional, lo que generó tensiones entre los poderes del Estado. Si bien algunos sectores destacaron la importancia de este control como un freno a los excesos del Ejecutivo, otros criticaron la rigidez que impuso a la gestión financiera del país, especialmente en contextos de emergencia o necesidad urgente.

En el ámbito técnico, los equipos de planificación presupuestal se vieron obligados a revisar y adaptar procedimientos internos para cumplir con las nuevas exigencias legales. Este proceso implicó capacitaciones, ajustes normativos y, en algunos casos, reestructuración operativa.

¿Que aprenderé?

• El lector comprendió cómo la Ley 31940 impactó negativamente la ejecución del gasto público y el equilibrio de poderes en el Perú.

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