Este bloque expuso cómo, durante los procesos de fiscalización, SUNAT aplicó la presunción legal de incremento patrimonial no justificado cuando detectó desbalances entre el patrimonio reportado y el comportamiento financiero real de una persona natural. Esta herramienta se sustentó en el artículo 52 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, y se activó cuando el contribuyente no justificó el origen de bienes o consumos efectuados.
Se explicó que SUNAT partió de supuestos objetivos: adquisición de activos, pago de deudas o consumos no proporcionales al ingreso declarado. A partir de ello, se determinó una renta presunta, trasladando la carga probatoria al contribuyente. Fue en este punto donde se analizaron diversas estrategias de defensa que fueron exitosas al demostrar el origen lícito del patrimonio observado.
Entre los argumentos más efectivos destacaron contratos de préstamo legalizados, testamentos, certificados de herencia, capitalizaciones de utilidades anteriores, y documentos que mostraron trazabilidad bancaria. También se revisaron ejemplos de contribuyentes que confundieron transferencias familiares o ingresos por actividades informales como operaciones no fiscalizables, lo que derivó en reparos tributarios.
Se enfatizó que la presunción legal no significó una sanción automática, sino una metodología aplicada cuando la administración no encontró respaldo suficiente. Por ello, la prevención y el orden documental fueron los principales aliados para ejercer una defensa efectiva ante este tipo de observaciones.