Este contenido detalló cómo SUNAFIL aplicó una serie de criterios técnicos en sus fiscalizaciones realizadas a lo largo del año 2021. A raíz de la pandemia, muchos sectores laborales enfrentaron situaciones críticas y, en consecuencia, la entidad priorizó aspectos como la verificación de pagos oportunos, el cumplimiento de la jornada laboral y la protección de trabajadores en condiciones de vulnerabilidad.
Se revisaron casos concretos en los que se fiscalizó a empresas de distintos tamaños. Entre los puntos más sensibles estuvieron la inexistencia de contratos por escrito, la ausencia de boletas de pago y la falta de entrega de Equipos de Protección Personal (EPP). Los inspectores aplicaron criterios de razonabilidad, considerando los impactos económicos, pero siempre velando por los derechos mínimos del trabajador.
Un caso relevante fue el de una empresa agroexportadora en Ica, donde se detectaron diferencias entre lo declarado y lo realmente pagado a los trabajadores. SUNAFIL estableció un proceso correctivo antes de sancionar, exigiendo regularización inmediata y evidencia de cumplimiento.
Además, se identificaron malas prácticas como la simulación de locaciones de servicios para evitar el vínculo laboral. Frente a ello, se analizó la relación de subordinación y la habitualidad del servicio prestado. Las empresas que subsanaron espontáneamente lograron evitar sanciones mayores.
El enfoque fue formativo y preventivo, buscando no solo castigar, sino también orientar. Las fiscalizaciones del 2021 marcaron un punto de equilibrio entre control e impulso al cumplimiento voluntario.