La administración tributaria peruana fortaleció el control sobre el incremento patrimonial no justificado, identificando casos donde los contribuyentes presentaban bienes o ingresos superiores a los declarados. Este fenómeno generó fiscalizaciones y procesos administrativos en los que los afectados debieron demostrar el origen lícito de su patrimonio.
SUNAT evaluó inconsistencias entre ingresos declarados y activos adquiridos, requiriendo documentación que respaldara la procedencia de los fondos. Quienes contaban con registros adecuados lograron justificar sus bienes sin problemas, mientras que otros enfrentaron ajustes tributarios o sanciones por falta de sustento.
En muchos casos, el desconocimiento de las normas fiscales llevó a disputas con la administración tributaria. Sin embargo, aquellos contribuyentes que se informaron sobre la legislación vigente tomaron medidas preventivas, asegurando un manejo adecuado de sus ingresos y evitando conflictos con las autoridades.